La Gobernación Departamental de Tarija desmiente la versión gubernamental de que el río Pilcomayo no estaría contaminado. Señala a las empresas y cooperativas mineras que operan en Potosí, como causantes de la contaminación, que además presionarían al Gobierno Nacional para minimizar sus impactos ambientales. La cabeza ejecutiva de una Cooperativa y miembro del Directorio de FEDENCOMIN, habría sido destituida y recluída por orden judicial, fruto de la acusación formal en Ministerio Público que presentó la Gobernación en calidad de víctima.
El Secretario Departamental de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Hugo Efraín Rivera Gutierrez, afirma que «todo el mundo sabe que la contaminación de décadas y décadas viene de la actividad minera desde Potosí», y que el problema de fondo es cómo el Gobierno Nacional resuelve la contaminación con los mineros. «Son los mineros los que le presionan al Gobierno, son ellos que le presionan, no, que digan que no contaminan, que sus diques están bien construidos», explicó.
«La controversia, la polémica, ya ha rebasado los límites y nosotros como departamento, haciendo uso de nuestra autonomía, vamos a seguir trabajando en lo que compete al saneamiento del río Pilcomayo, y lo estamos haciendo con informes periódicos, con muestreos periódicos, con análisis de agua, con análisis de pescado, entonces estamos trabajando nosotros de forma responsable, y las autoridades que van de vez en cuando no pueden entorpecer el trabajo que venimos realizando», dijo Rivera.
Consultado el Secretario Departamental, si la Gobernación por lo menos se ha constituido en parte querellante al denunciar a las empresas mineras por contaminación de aguas en río arriba, manifestó: «Nosotros nos hemos declarado en su momento, el año pasado en agosto, nos hemos constituido en víctimas. Nosotros somos víctimas porque la minería nos está envenenando el río Pilcomayo, que da agua para riego, para ganadería, es más, en las comunidades originarias hasta consumen el agua», expresó.
El caso habría sido formalizado ante la Fiscalía y el principal Ejecutivo de la Cooperativa minera contaminante habría sido inhabilitado y recluido por orden judicial. «Nosotros nos hemos constituido en víctimas y hemos presentado la demanda ante la Fiscalía -que es lo que debemos hacer- y el proceso continúa porque primero, al Presidente de FEDENCOMIN que era de la Cooperativa Agua Dulce, lo han retirado, le han quitado la habilitación para que pueda seguir interviniendo en actividad minera, y sabemos que él está por mandato del Juez, inhabilitado y tiene una reclusión perentoria», recordó la autoridad departamental.
Según Efraín Rivera Gutierrez, el Gobierno Departamental remite periódicamente pruebas al Ministerio Público, como las aguas y pescados contaminados, al punto que FEDENCOMIN ya figura como «imputado».
Agencia Chaqueña de Información 